Condenan a excarabineros de Atacama por recibir coimas para no fiscalizar buses que transportaban migrantes
En diciembre del 2022, la Fiscalía de Atacama formalizó por cohecho pasivo y violación de secreto a tres ex funcionarios de Carabineros pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Tenencia Atacama Norte, quienes fueron denunciados por realizar cobros en dinero en efectivo para llevar a cabo distintos servicios ilegales en la carretera.
Este viernes, BioBio Chile dio a conocer la condena que obtuvieron los ex policías uniformados y detalles de la investigación que realizó el Ministerio Público.
Según lo redactado por el citado medio, de acuerdo a la sentencia de la causa -que se tramitó bajo reserva-, los hechos se remontan a fines de 2021 en la Subcomisaría IAT de Atacama y los involucrados corresponden a los entonces sargentos, César Sáez Opazo y Pablo Jáuregui; además del cabo Juan Ríos Ortiz.
En agosto de ese año, ocurrió el primer de los acontecimientos en una estación de servicio emplazada en las cercanías a Copiapó, cuando a Opazo y Ortiz se les ocurrió montar una fiscalización a un bus que transportaba -en su mayoría- pasajeros extranjeros. Pero en vez de requerir los papeles migratorios correspondientes, solicitaron beneficios económicos para ellos mismos, pago que se concretó en dinero en efectivo, evitando las respectivas infracciones.
Dos meses después y del mismo modo, un bus de la empresa Ramos Cholele pudo zafar la inspección migratoria o sanitaria
Según Biobio, el fiscal adjunto de Copiapó, Pedro Pablo Orellana, explica que las coimas iban entre los 50 mil y 200 mil pesos.—Los imputados montaban en la ruta una fiscalización a diversos buses interprovinciales provenientes del norte, donde realizaban controles a personas de nacionalidad extranjera, ocasión en que amenazaban a los conductores y pasajeros con retenerlos o cursarles infracciones, dinámica en que pedían dinero en efectivo para que los buses continuaran su trayecto —detalla.
Fueron los propios choferes quienes alertaron de la situación y las malas practicas de los entonces funcionarios de Carabineros, comenzando una investigación que incluyó escuchas telefónicas y con esto se fueron dando a conocer otros negocios ilegales que mantenían los implicados.
Según se desprende de la sentencia, Sáez y Ortiz también prestaban servicios de escoltas motorizadas al margen de la ley en favor de camioneros que transitaban con cargas sobredimensionadas. Aquí entran helicópteros, hélices para torres eólicas, materiales de construcción y más mercancías que son transportadas asiduamente por el norte de Chile, pero que para realizar dicha labor, los conductores están obligados a pedir permiso especial e incluso dejar una garantía por daños que podrían provocar durante los traslados. Estos serian los tramites que los choferes buscaban evitar mediante un acuerdo con los imputados.
El sargento Pablo Jáuregui, era el encargado de coordinar las escoltas, siendo en nexo entre los camioneros y carabineros, según los expedientes judiciales.
En una de las escuchas, por ejemplo, Jáuregui le avisa a Sáez que tiene algunos clientes “esperándolo” para que él los escolte. El condenado pone especial énfasis en que los requirentes eran rajaditos. Esto -desde luego- significaba mejores coimas. La conversación termina no sin antes advertirle que cuando reciba el dinero, Sáez tenía que repartirlo mitad y mitad con el funcionario que lo acompañara. Si este último se trataba de un policía nuevo en la unidad, podía reaccionar mal o -peor aún- podía desclasificar las operaciones secretas.
Mediante las escuchas telefónicas, también se descubrió que Sáez entregó información reservada a un civil desconocido, quien seria un conductor de camión, a fin de que no condujera a exceso de velocidad. Esto se debía a que más adelante estaban sus ex colegas pasando parte.
Lo mismo hizo Ríos, quien recibió un llamado de un particular que le consultó si habría controles en la ruta. No tenía los papeles al día, por lo que recurrió al uniformado, quien le respondió “Vaya tranquilo, no hay controles. En caso que lo fiscalicen me llama altiro nomás”.
Las coimas eran variadas. En una ocasión, uno de los servicios terminó con un pago en alimentos para tomar desayuno. El carabinero le dijo a su contraparte que dejaría el maletero abierto para que “tirara para adentro nomás” la comida.
En otra oportunidad, Jáuregui llamó incluso al servicio de guardia de la tenencia de carreteras para avisar que “un amigo de los escoltas” iría a dejarle unos vinos para que los guardara. La indagatoria estableció que las bebidas correspondían precisamente al pago de uno de sus servicios al margen de la ley.
Los tres imputados fueron condenados en procedimiento abreviado. Sáez y Ríos recibieron cuatro años de presidio en su grado máximo, más una multa de 20 UTM cada uno (poco más de 1 millón de pesos por persona). La Justicia los declaró culpables por cohecho reiterado en concurso con el delito de violación de secreto. Jáuregui, en tanto, recibió tres años más una multa en los mismos términos.
Todos los involucrados cumplirán su pena en libertad vigilada.
