Los audios de la “Operación Pureza”
El pasado 29 de julio fueron detenidos 8 funcionarios de la Municipalidad de Tierra Amarilla, entre ellos el alcalde suplente Mario Morales y 4 contratistas en la denominada “Operación Pureza”, por delitos de carácter económico.
Según lo señalado por el fiscal a cargo del caso Luis Miranda, la causa se inició de oficio por parte de la Fiscalía de Atacama, a partir de antecedentes de los que tomó conocimiento relacionados con irregularidades que estarían ocurriendo en el mencionado municipio. Específicamente, en lo referido a la asignación de proyectos de construcción, ampliación o mantenimiento de obras, cuyas empresas a cargo, habrían tenido que pagar coimas para adjudicarse la realización de los trabajos.
Determinándose que existiría un perjuicio fiscal de más de 102 millones de pesos.
En la argumentación el fiscal señaló que este mecanismo de defraudación se habría concretado en los proyectos; “Mejoramiento y Construcción de Bandejón Central Acceso Norte”, “Mejoramiento y Construcción Plazoleta Jardín Botánico Alto Meléndez”, “Instalación Pasto Parque Rafael Torreblanca” y “Ampliación Parque Rafael Torreblanca”. Además de una asignación vía trato directo para la sanitización de calles y espacios públicos de la comuna producto de la actual pandemia a raíz del Covid 19.
Junto a lo anterior, el fiscal Luis Miranda sumó el presunto delito de negociación incompatible respecto del alcalde suplente Mario Morales, por la contratación de personas al interior del municipio, y finalmente respecto del edil y cuatro de sus colaboradores, el ilícito de obstrucción a la investigación, esto porque habrían entregado de antecedentes falsos ante los requerimientos de la PDI durante la investigación y otras acciones que habrían interferido en el trabajo de la Fiscalía y la policía, como el formateo de computadores y teléfonos celulares.
Entre las pruebas presentadas están las escuchas telefónicas, una de ellas muestra una conversación entre la encargada de Proyectos de la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLA) con un contratista, en la cual éste último le pregunta si vio el Diario de Atacama, refiriéndose a una nota que circuló en el periódico local el 13 de marzo del presente año, la cual señalaba que a raíz de una denuncia presentada por el concejal Cristóbal Zúñiga en contra del alcalde suplente de Tierra Amarilla por un supuesto delito de fraude al fisco, funcionarios de la PDI allanaron la municipalidad para incautar y recabar información del ilícito.
El hecho se asoció al proyecto de “Instalación de Pasto Natural en el parque Rafael Torre Blanca” , trabajos que habrían pagado con fondos provenientes del convenio con Minera Candelaria.
En el audio se puede escuchar que la encargada de proyectos le responde que la situación está complicada para el alcalde. Además entregan otros detalles.
En un reportaje emitido por Canal 13, el Comisario Ernesto Cayuno de la PDI señaló lo siguiente respecto a la encargada de proyectos, “El rol que cumplía era coordinar con los contratistas la entrega de información privilegiada y también el recaudar los dineros por coimas de esas licitaciones para ser entregadas posteriormente al alcalde suplente”.
En otro de los audios se puede escuchar cómo el alcalde suplente habla con otra persona haciendo mención que a los registros de sus teléfonos, le están haciendo trabajos en Santiago. Presumiendo que estaban borrando la información de los aparatos.
El 31 de julio el Juez de turno del Juzgado de Garantía de Copiapó, determinó que la Fiscalía con los medios expuestos logró acreditar los hechos y la participación individual de los detenidos. Esto, en relación a los siete proyectos cuyas asignaciones, de acuerdo a la información expuesta por la Fiscalía, habrían estado dirigidas a favorecer a los funcionarios municipales liderados por el alcalde suplente, a través de las coimas solicitadas a las empresas contratistas.
Con ello, se decretó la prisión preventiva del edil suplente formalizado, de todos los presuntos colaboradores en la comisión de los ilícitos y tres contratistas, esto porque a juicio del tribunal serían un peligro para la seguridad de la sociedad.
