Caso de minero que murió en subcomisaría y que fue enterrado sin corazón terminó en millonaria indemnización
En mayo del 2013 a Luis Guillermo Beiza recién le habían pagado su sueldo en Llay-Llay, Región de Valparaiso y luego con el dinero en el bolsillo se dirigía a un asado junto a un amigo, momento en que fue detenido por carabineros, luego que supuestamente estos habrían recibido una llamada anónima avisando que el hombre se encontraba vendiendo droga en una esquina.
El parte policial indicaba que Beiza se encontraba en posesión de drogas al momento de ser detenido.
Eduardo Fajardo, fiscal persecutor de la Fiscalía de San Felipe, instruyó a que el acusado fuese puesto en libertad y se le citara para una audiencia. Todo en una misma semana. Sim embargo, la institución policial no hizo caso, desobedeció y Beiza permaneció detenido.
Lamentablemente, dos horas más tarde, el 3 de junio de ese año, apareció muerto en una celda de la comisaría.
En la fecha se hablaba de un suicido.
Algo ocurría
El sumario realizado por la fiscalía militar, reveló que nunca existió una denuncia anónima contra el hombre por venta de droga, ni siquiera se pudo comprobar que él estuviera en posesión de sustancias ilícitas al momento de la detención. Además, se había falsificado la lista de pertenencias del detenido.
Cuando la familia del fallecido pidió que se le realizara una segunda autopsia orurrió lo más extraño, ya que se descubrió que Beiza había sido enterrado sin su corazón. Su pecho estaba vacío. Por lo tanto, no fue posible determinar la causa de muerte. Ello llevó a que el director del Servicio Médico Legal de San Felipe, Gastón Dockaster Claver, fuese formalizado por falsificación y mal uso del instrumento público. También fue removido de sus funciones.
Loreto Allendes, abogada que representó a la familia de Beiza en el caso aseguro que los carabineros se cubrieron las espaldas entre ellos, lo que derivó en que en ningún momento ayudaran verdaderamente a la viuda del hombre a resolver el caso. La única opción que tuvieron los familiares fue presentar una demanda contra el actuar policial.
La abogada detalló a Radio Bíobio que,“Para nosotros era imposible acreditar que lo habían asesinado: no teníamos pruebas, no había testigos, los Carabineros se cubrieron unos con otros… Sí podíamos demandar por la falta de vigilancia del detenido, porque los detenidos en el calabozo no pueden permanecer solos, precisamente para evitar circunstancias como esta”.
La demanda argumentó un daño moral, económico y sicológico contra la familia. Considerando que Biza era el principal ingreso para hogar, la familia había dejado de recibir un millón de pesos mensuales; además, la viuda sufrió depresión tras la tragedia.
Al principio se aprobó una indemnización por 40 millones de pesos. Pero la cifra fue considerada insuficiente por los demandantes, por lo que acudieron a la Corte de Apelaciones, instancia en que y llegaron a los 200 millones que finalmente se acordaron.
Teresa Rojas, pareja de Beiza durante catorce años, sabe que el dinero nunca compensará el daño.
La defensa de la familia del difunto apuntó a que todos los involucrados, a pesar de ser dados de baja en un momento dentro de Carabineros, fueron reinstituidos en la misma zona u otro lugar del país. “Mi perspectiva es que el hecho de que llevara dinero encima cuando fue detenido, fue lo que marcó su destino”, aseguró la mujer, quien hasta el día de hoy no sabe por qué ni cómo murió su marido, Luis Guillermo Biza.
Fuente: Radio Bíobio
