A un año del estallido social: Querellas y daños oculares en Atacama

Corría el18 de octubre del año 2019 y en Santiago comenzaba el “estallido social” debido a la molestia que ocasionó el alza de 30 pesos del pasaje del transporte público y muchos otros actos que la ciudadanía catalogó como abusos y que con el tiempo, fueron proclamados bajo la consigna: “No son 30 pesos, son 30 años”, haciendo alusión a los cambios que tras la recuperación de la democracia, prometieron los distintos  gobiernos de turno y que a su juicio, nunca se concretaron. (salud, educación, trabajo, pensiones, etc) 

En Atacama, como en muchas otras regiones, aquel día la gente miraba y escuchaba de forma expectante lo que pasaba en la capital a través de los medios de comunicación y redes sociales, sin pensar que al día siguiente las movilizaciones se extenderían por varios puntos del país.

El estallido social no solo trajo cánticos, pancartas y consignas de molestia, sino que también enfrentamientos, saqueos, lesionados, muertos y múltiples violaciones a los derechos humanos que con el transcurso del tiempo fueron mencionadas en informes de diferentes organizaciones a nivel mundial.

Desde aquella fecha, se han presentado miles de denuncias por violación a los derechos humanos a lo largo del país y Atacama no ha quedado ajena a esta realidad, ya que hasta la fecha la sede regional del Instituto Regional de Derechos Humanos ha presentado un total de 75 acciones legales.

Marcia Quezada, jefa regional de Instituto Nacional de Derechos Humanos en Atacama, detalló las acciones realizadas, “El instituto cumpliendo con su misión de promover y proteger los derechos humanos, desde la protección contempla llevar adelante acciones legales y en este marco, hemos presentado 75 acciones legales de distintas naturalezas que han configurado distintos tipos de delito. En términos estadísticos 47 pertenecerían al delito de apremios ilegítimos, 1 a apremios y vejaciones, 17 a violencia innecesaria, 3 a tortura y 7 a vejaciones injustas. Eso abarca un aproximado total de 90 víctimas donde hay adultos y también niños y niñas”.

Copiapó lidera presentaciones de acciones legales 

Quezada además mencionó que, “La comuna en la que hemos presentado más acciones legales es en Copiapó con 65  querellas, 8 en Caldera, 1 en Vallenar y 1 en Freirina por hechos que habrían acontecido en la comuna de Huasco”.

Del total de acciones legales presentadas por el INDH en Atacama, 72 fueron en contra de personal de Carabineros, 2 por el actuar de funcionarios de la PDI y 1 contra el ejército.

Respecto a las denuncias por tortura, la directora regional del INDH señaló que, “La configuración del delito de tortura fundamentalmente tiene que configurar varios elementos, uno de ellos tiene que ver con que haya cierta presunción respecto a que ese acto quiera infringir cierto daño, ya sea físico e incluso psicológico hacia la persona, que de alguna manera tenga una cierta intencionalidad en el acto. Otro elemento que también es fundamental para configurar este delito, tiene que ver con que los actos de tortura, se ejecutan con el fin de obtener cierta información respecto a la situación que en ese minuto esté aconteciendo”. 

Uno de los casos investigados por tortura y que se dio a conocer a la comunidad es el de un joven de Tierra Amarilla, quien denunció haber sido llevado por efectivos de Carabineros hacia la subcomisaría de la comuna. Al interior del recinto habría sido golpeado y además le habrían solicitado información respecto a las actividades que desempañaba su madre como dirigente social.

Las dos acciones legales presentadas por el INDH en contra de funcionarios de la PDI, serían por hechos ocurridos durante detenciones, una de ellas se trataría de una golpiza que habría sufrido una mujer mayor de edad, quien denunció que los uniformados le propinaron golpes de pies y puños. 

En el caso del Ejército, la denuncia correspondería al día en que una marcha iba pasando por el frontis del Regimiento Nº23 Copiapó, momento en que una persona resultó herida por perdigones disparados por un funcionario de dicho recinto cuando se produjeron incidentes.

Quezada añadió que, “Nosotros como instituto estamos esperanzados a que se conozca la verdad de estas situaciones y que por supuesto se haga justicia al respecto, pero también entendemos que hay un nivel de complejidad a la hora de determinar ciertas acciones, principalmente en lo que respecta a las golpizas hacia las personas, ya que son bastantemente más complejos a diferencia del uso de las armas, como escopeta o antidisturbios donde las personas que las usan están señaladas, están capacitadas para eso y es una asignación que se da a un funcionario en particular. Estamos esperando el desarrollo de estas investigaciones, tenemos un agente que ya fue formalizado hace semanas atrás y esperamos que antes de que termine el año, haya otras formalizaciones para poder efectivamente determinar la verdad y por supuesto la justicia de estos hechos. Pero aquí también hay otros elementos muy relevantes y tienen que ver con el hecho de que no porque no hayan responsables legalmente hablando, va a significar que esto no ocurrió”.

El caso que menciona la directora, se trata de un ex carabinero que fue formalizado por apremios ilegítimos, quien es señalado de agredir a una persona durante una manifestación desarrollada en el centro de Copiapó el pasado 10 de marzo a eso de las 14 horas. El ex policía fue dado de baja, pero no por esta situación en particular, sino por otra investigación interna que realizó la institución, remitiendo los antecedentes al ministerio público y por la cual, finalmente fue formalizado por el delito de cohecho.

Daños oculares, en Atacama también hay casos

Durante las diversas manifestaciones en el país, más de 400 personas han sufrido daños oculares, principalmente por impactos de perdigones o bombas lacrimógenas. Los casos más emblemáticos son los de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión por completo. 

En Atacama, la mayoría desconoce la existencia de personas que hayan sufrido daños oculares durante las movilizaciones, sin embargo, se registran dos casos.

El primer afectado de acuerdo a la querella presentada, sería un joven que durante una manifestación en Caldera, habría recibido un impacto de perdigón, luego de que un funcionario de Carabineros habría hecho uso de la escopeta antidisturbios. 

En aquella ocasión, el joven fue llevado hacia el Centro de Urgencias de la comuna y posteriormente, trasladado hasta el Hospital Regional de Copiapó, recinto que lo envió de manera inmediata y urgente al Hospital El Salvador de Santiago.

El segundo caso correspondería a una persona de Copiapó, quien señaló haber recibido una paliza por parte de funcionarios de la policía uniformada y que posteriormente producto de los golpes, terminó perdiendo la visión de uno de sus ojos.

“Salí a marchar y Carabineros me disparó 4 perdigones”

Eran pasadas las 8 de la tarde del 23 de octubre del año pasado, cuando recién había comenzado el toque de queda decretado por el Gobierno. Ya se habían registrado los primeros incidentes en el centro de Copiapó, cuando funcionarios de Carabineros salieron a dispersar las manifestaciones. Fue en ese momento cuando uno de los funcionarios apareció desde el lado del edificio de la Intendencia Regional disparando una escopeta antidisturbios e hiriendo a un manifestante que se encontraba en la esquina de calle Colipí con Los Carrera. Fue en ese momento cuando una mujer quien pidió ser identificada solo con sus iniciales M.A.D, se devolvió a ayudar al manifestante herido, pero lamentablemente corrió la misma suerte.

M.A.D señala su experiencia, “Ese día cayó un niño justo en la esquina de Colipí con Carrera, entonces yo me devolví para ayudarlo a él y cuando me devuelvo ahí me dispararon. Yo vi que él me disparo, (el carabinero de la escopeta antidisturbios) pensé que iba a disparar la lacrimógena, pero jamás me imaginé que iba a disparar perdigones. De las marchas que había ido, jamás habían disparado perdigones, yo pensé que el niño se había caído, nunca pensé que le habían disparado perdigones”, insistió.

La mujer quien asegura que aquel día asistió a las manifestaciones con la tapa de olla y una cuchara de palo, recibió 4 perdigones, uno de ellos en la boca que le arrancó una pieza dental. Los otros 3 perdigones los recibió en el antebrazo, en el pecho y a un costado del pecho y hasta el día hoy los mantiene en su cuerpo. 

La manifestante nunca pensó lo que ocurriría, “Ese día salí a marchar y Carabineros me disparó 4 perdigones”, señaló aún impactada por lo ocurrido.

En su relato, la mujer de más de 30 años de edad recuerda que luego de los impactos, perdió la noción por unos segundos, veía sólo humo y tenía fuertes dolores en una mano y en un diente. Fue en ese momento cuando sintió que alguien la abrazó, al mirar se dio cuenta que era personal de la PDI que se encontraba en las cercanías, debido a que tienen oficinas detrás del Correo de Chile. “Me preguntaban qué me pasaba y cómo que la audición se me fue, escuchaba todo muy de lejos, no veía mucho y lo único que pensaba era en mi mano y mi diente, ellos me sentaron en una escalerita donde queda la oficina de la PDI en el lugar y me pusieron unos apósitos y llamaron a la ambulancia, me pararon un poco el sangrado y después me llevó la ambulancia y me fui al hospital”.

En el transcurso de la noche, se enteró que su hermano también había recibido un perdigón en una de sus piernas.

El próximo domingo se cumple un año del estallido social, un año de aquel momento en que estudiantes secundarios evadieron el cobro del metro saltando los torniquetes y luego gran parte de la ciudadanía se unió al descontento generado por la mala calidad de vida y desigualdad en la que denuncian están inmersas millones de familias.

Contexto en que las movilizaciones no cesaron, así como también siguen latentes los cuestionamientos al actuar de los uniformados durante los procedimientos ejecutados para disolver las manifestaciones y que según el INDH, muchos de ellos, han incurrido en la violación de los derechos humanos. 

En este artículo se mencionan hechos que son parte de investigaciones que están en curso y que en el transcurso del tiempo pueden cambiar.