Admiten querella contra Piñera, Paris, Mañalich y Zúñiga por presuntos delitos de corrupción en contratos de residencias sanitarias
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencia, en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Enrique Paris, el ex ministro Jaime Mañalich y el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) interpuso la acción penal a raíz de las irregularidades detectadas por Contraloría General de la República luego de una investigación a Redes Asistenciales. El ente fiscalizador publicó a fines de enero pasado el informe final sobre una auditoría realizada a la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia, es decir, las residencias sanitarias.
En la querella, se justifica la imputación de fraude al fisco por la intervención de las autoridades en las contrataciones irregulares y pagos por servicios no entregados, «como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones o el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a ‘pacientes fantasmas’, que se encontraban fuera del país en fecha anterior al período de pandemia en Chile».
Para la CCHDH estos hechos «han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una ‘exitosa estrategia sanitaria’».
Con respecto a los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, los querellantes consideraron que «las autoridades se han interesado en las negociaciones, contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiones que produce derivación de beneficios económicos como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones ó el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el Hotel O´Higgins de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar las prestaciones de Salud debidas».
De esta manera, las autoridades imputadas habrían privilegiado «un interés distinto y contrapuesto al interés público, prevaleciendo el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población«, señalan desde la CCHDH.
