Fiscalía cerró sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de DD.HH. ocurridas durante el estallido social
El Ministerio Público emitió un informe en el cual da cuenta de que se decidió archivar, no perseverar o no iniciar una investigación con respecto a 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos, en el contexto del estallido social, lo que representa un 46% de los procesos en todo el país.
Según informó CIPER, el documento registra que 8.630 personas habrían sufrido agresiones por parte de agentes estatales entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de mazo de 2020.
De 8.581 causas abiertas inicialmente, 2.013 concluyeron porque fueron agrupadas con otros procesos que ya estaban en marcha. De esta forma, quedaron activas 6.568 causas. De ellas, 3.050 ya fueron terminadas sin formalizados.
Las causas finalizadas se dividen en: 2.774 causas archivadas provisionalmente sin avances; 218 causas en las que el Ministerio Público comunicó al juzgado su decisión de no perseverar; y 58 casos en los que la Fiscalía decidió no iniciar una investigación.
Según detalla Ciper, de la misma manera, el informe detalla que en 15 ocasiones los procesos terminaron por sobreseimiento definitivo. En 19 casos se cerró por “anulación administrativa”, en otros dos se usó el “principio de oportunidad”, en dos más solo se hace referencia a “otras causales de término”.
Apenas una causa terminó en condena, que correspondió a 5 años de libertad vigilada. Se trata del carabinero Juan Gabriel Maulén Báez, el que disparó una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante el 13 de diciembre de 2019 en Rancagua. El uniformado se encontraba a una distancia de 8,5 metros y la víctima estaba de espalda al disparo y afortunadamente existía registro audiovisual.
La directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, explicó a dicho medio que, “Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías”.
“Hay un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema”, apuntó Ortiz sobre la falta de pruebas y a la imposibilidad de encontrar a las víctimas como las principales razones para que la investigación no pueda continuar.
