Dan de baja a funcionario de Carabineros por incumplir protocolos en caso de Gustavo Gatica

Durante la jornada de hoy viernes Carabineros de Chile entregó una actualización de los procesos administrativos y sumarios internos, realizados por la institución en el marco de las denuncias contra sus uniformados por vulnerar los Derechos Humanos de las personas, durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre del año pasado.

Desde la policía uniformada confirmaron que un funcionario fue dado de baja por “incumplir el protocolo” con material relacionado al caso de Gustavo Gatica, quien fue el primer manifestante en perder completamente la visión debido a las agresiones de Carabineros, que dejaron más de 460 personas con heridas oculares por dispararles perdigones y balines en el rostro.

Diego Olate, general director (s) de Carabineros, tras la realización de un sumario interno, los antecedentes fueron entregados a Fiscalía, donde se sigue investigando los hechos. En estos informes se constata que entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de marzo de este año, se iniciaron 1.228 procesos administrativos a nivel nacional, de los cuales 1.000 se encuentran terminados en su etapa administrativa y 228 en investigación.

Tras los sumarios, 173 carabineros se encuentran con algún tipo de sanción y 14 fueron dados de baja.

Dentro de este último grupo, desde la fuerza policial se refieren efectivamente al caso de Gatica, donde informan que uno de sus carabineros cometió un “grave incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna. Dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en el mes de diciembre fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente”.

Además agregaron desde la institución que “Si bien las imágenes se encuentran en poder de la PDI y la Fiscalía, el no cumplimiento de esa instrucción es motivo suficiente para esta decisión. Es importante aclarar que esta sanción corresponde a la responsabilidad administrativa del funcionario, la que es independiente de la investigación que se lleva adelante en el Ministerio Público”.